Comentario

Al comienzo de 1992 nos encontramos con que todos los países latinoamericanos, salvo Cuba y Haití, tienen sistemas políticos que pueden definirse como democráticos, aunque al final de la década de 1970 sólo Colombia y Venezuela, en América del Sur, junto con Costa Rica y México, se encontraban en esta situación. Los procesos que permitieron el paso de dictaduras militares a gobiernos democráticos han sido denominados por los politólogos como de transición a la democracia. Un primer grupo de transiciones corresponde a los países definidos como burocrático-autoritarios, donde por un lado se encuentran las transiciones más tempranas de Argentina o Uruguay y la mucho más tardía de Chile. En este grupo también debería incluirse al Brasil, aunque las diferencias son notables. Mientras en Argentina el proceso electoral se inició después de la derrota en la guerra de las Malvinas y sin pacto alguno entre las principales fuerzas políticas (radicales y peronistas), en Uruguay nos enfrentamos a una transición prolongada y sumamente controlada desde el gobierno y en Brasil el partido del régimen gozó durante un tiempo de un apoyo electoral significativo, algo inexistente en los casos anteriores, lo que le sirvió para organizar la transición.
En aquellos países que iniciaron su transición en fechas tempranas, ya se ha producido el relevo pacífico de autoridades a través de elecciones. Esto ha ocurrido en Argentina, Uruguay o Perú, donde los nuevos gobernantes pertenecen a partidos diferentes al de los líderes que comenzaron la transición. En la debilidad de los partidos políticos es donde radica uno de los puntos flojos de la democracia. La corrupción y el desánimo generalizado de la población lleva a los votantes a apostar por soluciones providenciales, en un proceso denominado de fuyimorización, al tomar como prototipo al ex presidente del Perú.

En Argentina, el radical Arturo Illia, elegido presidente en 1963, fue relevado del mando por un golpe militar en 1966, encabezado por el general Juan Carlos Onganía. El problema político de fondo era la participación electoral del peronismo. Este período de dictadura militar, que coincidió con la intensificación de la violencia guerrillera, finalizó en 1973, cuando el candidato peronista, Héctor Cámpora, fue elegido de forma aplastante. En 1976 se apoderó del gobierno una nueva dictadura militar con el objetivo de eliminar definitivamente a la subversión izquierdista, pero para cumplir con su cometido se violaron de forma sistemática los derechos humanos. La política represiva fue acompañada en materia económica por la aplicación de un plan neoliberal, diseñado por el ministro Alfredo Martínez de Hoz, que terminó en un gran fracaso. En 1981, cuando ya era evidente el cansancio de los civiles, las fuerzas políticas, a iniciativa de la Unión Cívica Radical, organizaron la Multipartidaria Nacional con el principal objetivo de propiciar la vuelta a la democracia. Pero el detonante que aceleró el retorno de los militares a los cuarteles fue la derrota de las Malvinas.

En las elecciones del 30 de octubre de 1983, el candidato radical, Raúl Alfonsín, se impuso contra todo pronóstico a los peronistas, asimilados por buena parte de los votantes con la dictadura militar. Uno de los grandes logros del alfonsinismo en el poder fue la normalización de la vida electoral, pero el mismo gobierno fue incapaz de solucionar la cuestión militar. Después del juicio a las juntas militares que gobernaron entre 1976 y 1983, que terminó con sus principales figuras en la cárcel, el malestar dentro del ejército aumentó y hubo varios conatos de rebelión. La situación se agravó por el mal comportamiento de la economía, lo que aceleró la toma de posesión del nuevo presidente electo, el peronista Carlos Menem. La amnistía que dicto en favor de los militares aplacó el clima deliberativo que se respiraba en el interior de los ejércitos.

La democracia uruguaya se caracterizó durante décadas por la relativa limpieza del juego electoral y por el alejamiento de los militares de la vida política. Sin embargo, los avances de la violencia tupamara aglutinaron a los sectores más conservadores de la sociedad, que impulsaron a partir de 1973 la implantación de una dictadura con respaldo militar, encabezada por el ya presidente Juan María Bordaberry, que disolvió el parlamento. En 1976 se produjo un enfrentamiento entre los militares y Bordaberry, que llevó a los primeros a ocupar el poder. Los militares habían propuesto una nueva institucionalización y plantearon una reforma constitucional en noviembre de 1980, que fue derrotada en un plebiscito. A partir de 1982 el desgaste de la dictadura se aceleró y luego de unas complicadas negociaciones con las cúpulas de los partidos políticos, se llegó a la firma del Pacto del Club Naval, en junio de 1984, que marcó los límites de la transición política. El Pacto fue firmado por las Fuerzas Armadas, el Partido Colorado y el Frente Amplio, una coalición de partidos de izquierda y centro-izquierda. En noviembre de 1984 se celebraron las elecciones presidenciales, con la proscripción de los líderes del Partido Nacional o Blanco (Wilson Ferreira Aldunate) y del Frente Amplio (Liber Seregni). Fue elegido Julio María Sanguinetti, del Partido Colorado, cuyo gobierno tuvo que enfrentar menos problemas que el de Alfonsín, pero al igual que en Argentina el relevo presidencial se realizó sin complicaciones de ningún tipo, después de las elecciones de 1989 que dieron el triunfo a Luis Lacalle.

El proceso chileno fue más complicado, especialmente por lo traumático del golpe que derrocó a Salvador Allende y por lo trabado de la transición, dados los condicionantes impuestos por Augusto Pinochet. Entre 1958 y 1973 se produjo una "alternancia política arrítmica", al sucederse en la presidencia la derecha, Jorge Alessandri (1958-1964), el centro demócrata cristiano, Eduardo Frei (1964-1970) y la izquierda, Salvador Allende (1970-1973). Esta situación llevó a la tesis de los tres tercios, según la cual la sociedad política chilena se repartía equilibradamente en tres tendencias políticas. Sin embargo, como señala Manuel Alcántara, una vez que los partidos políticos mayoritarios llegaban al poder se comportaban con una lógica bipartidista que negaba la realidad plural que los rodeaba. La democracia cristiana intentó impulsar su "revolución en libertad" (reforma agraria y "chilenización" del cobre) a fin de evitar un estallido insurreccional y cerrarle el paso a la izquierda, aunque no pudo evitar que las elecciones de 1970 fueran ganadas por la Unidad Popular.

Allende intentó desarrollar la "vía chilena al socialismo", pese a no contar con la mayoría en el Parlamento, lo que polarizó la vida política. El aumento de la conflictividad, con un creciente apoyo de los grupos medios a la acción opositora, sumado al bloqueo financiero norteamericano y a la ingobernabilidad del país condujo al golpe de estado del 11 de septiembre de 1973. La dictadura pinochetista, con sus dieciséis años de duración, puede definirse por la personalización del poder y la baja institucionalización del régimen. Al igual que en Argentina, la política represiva se acompañó de un programa económico neoliberal, pero a diferencia del país transandino, en este caso el éxito coronó la gestión de la dictadura, aunque al precio de un elevado coste social.

En el plebiscito de 1980 se aprobó con el 67 por ciento de los votos una nueva Constitución que imponía a Pinochet como presidente constitucional hasta 1989. La persona que ocuparía el cargo en el periodo 1989-1997 sería presentada por Pinochet, pero su propuesta debía aprobarse en otro plebiscito. Las dificultades económicas y la falta de libertades políticas redoblaron las presiones de la oposición para democratizar el régimen, pero la cerrazón de la dictadura dificultaba cualquier salida negociada. Sin embargo, la situación cambió tras la derrota de Pinochet en el plebiscito de 1988 para proponer su propia candidatura presidencial. En un proceso pleno de dificultades, y con Pinochet al frente de las Fuerzas Armadas, se llegó a las elecciones de 1990 ganadas por el candidato demócrata cristiano Patricio Aylwin, que contó con el respaldo del centro y de la izquierda.

La transición brasileña se caracterizó por la tutela militar en sus primeras etapas y por la sanción de una nueva Constitución en 1988, fruto de un proceso constituyente iniciado con las elecciones parlamentarias de 1986. Las elecciones de 1989 supusieron la primera elección presidencial directa en tres décadas y se celebraron de acuerdo a la nueva normativa. Los militares habían llegado al poder en 1964 y se mantendrían en él durante dos décadas, para impulsar el llamado "milagro brasileño". Los gobiernos del general Humberto Castelo Branco y de sus sucesores introdujeron importantes cambios en la economía, en la sociedad y en las formas políticas brasileñas. El sistema funcionaba con dos partidos políticos, el oficialista Alianza Renovadora Nacionalista (ARENA) y el opositor, aunque tolerado, Movimiento Democrático Brasileño (MDB). Entre 1966 y 1974 la hegemonía de ARENA fue clara.

A partir de 1979 la transición política se aceleró con la llegada de un nuevo presidente, el general Joáo Baptista Figueiredo, que se comprometió a la completa democratización del país. Entre las medidas por él impulsadas se cuenta la sanción de una nueva ley de partidos políticos, que acabó con el sistema bipartidista artificial que existía en Brasil. En las elecciones de noviembre de 1982 la oposición ganó en diez de los veintidós estados del país. Y si bien la oposición obtuvo la mayoría de la Cámara de Diputados, no tenía el control ni del Senado ni del Colegio Electoral, que debía elegir en 1985 al nuevo presidente. Ese año llegó a la presidencia Tancredo Neves, que llevaba como compañero de fórmula a José Sarney, un antiguo militante del partido gubernamental. La muerte de Neves antes de asumir su cargo, permitió que Sarney ocupara la presidencia. Pese a su giro conservador la transición siguió adelante y en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 1989, el 15 de noviembre, el candidato del Partido de la Reconstrucción Nacional, Fernando Collor de Mello, y el del Partido de los Trabajadores, Luis Ignacio da Silva, Lula, obtuvieron la mayor cantidad de votos y pasaron a la segunda vuelta. Un mes más tarde Collor de Mello obtenía el 53 por ciento de los votos, frente al 47 por ciento de Lula.